SANTO DOMINGO.- Los empresarios no sueltan en chucho en sus afanes de desaparezca del Código Laboral  la cesantía, una de las pocas conquistas que tiene  el sector trabajador en la República Dominicana.

Ahora los dueños del capital privado comenzaron con planteamientos que buscan «modernizar» la cesantía, en el marco del proyecto que busca actualizar un código que data desde el 1992.

Los trabajadores, sin una genuina y fuerte representación laboral, están a merced de que podrían movilizarse, de forma espontánea,  si la cesantía  es borrada de la ley que rige la relación patronos- trabajadores.

El mercado dominicano lleva muchos años sufriendo de los bajos salarios, con un salario mínimo  de 250 dólares mensuales, que para muchos no alcanza ni para la primera semana del mes.

Si ha esos bajos salarios le agrega que la cesantìa o pago por cancelación desaparece serían nulas las posibilidades de irse con «algo» en las manos una vez que el patrón lo despida.

Miren la posición  de la  Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom). El grupo de patronos  instó al sector sindical a proponer una iniciativa que modernice la cesantía en el marco de la modificación del Código Laboral.

La presidenta del gremio, Laura Peña Izquierdo, expresó que están dispuestos a acoger una propuesta que actualice esa figura, considerándola desfasada y fuera de sintonía con la economía actual.

El gremio reiteró que el país necesita actualizar su normativa laboral para promover la competitividad y aumentar la generación de empleos, ya que la actual cesantía representa un alto costo para las empresas, especialmente para las pequeñas empresas.

Peña Izquierdo señaló que, dentro del diálogo tripartito, han planteado varias propuestas, entre las que destacan la aplicación de un tope salarial para la cesantía, un límite de años, la creación de un seguro de desempleo y un fondo de cesantía.

El gremio asegura que el régimen actual reduce la competitividad de las empresas, limita su desarrollo y frena el incremento de salarios y la creación de empleos formales, particularmente en las micro y pequeñas empresas, donde el impacto de la cesantía puede amenazar su sostenibilidad.