El Pais
La mayoría de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de Estados Unidos (formado por seis conservadores y tres progresistas) han expresado dudas sobre la legalidad de la orden presidencial dictada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento.
El mandatario republicano quiere impedir que se conceda la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes sin papeles y visitantes temporales. Una medida que podría afectar a más de 250.000 bebés al año o casi tres millones de niños en la próxima década, que se verían privados de la ciudadanía estadounidense.
Tres de los jueces conservadores, el influyente presidente del tribunal, John Roberts, y los magistrados Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, han evidenciado su escepticismo sobre la norma presidencial, convertida en un símbolo de las políticas migratorias represivas del presidente Trump. Han lanzado incisivas preguntas al procurador general, John Sauer, y han hecho comentarios que permiten concluir con pocas dudas que la sentencia, que se espera que se publique dentro de unos tres meses, será contraria a los intereses de la Casa Blanca. Roberts, por ejemplo, deslizó que los argumentos de la Adminsitración son “muy peculiares”. Pese a que el republicano firmó la orden, la norma nunca ha estado vigente porque ha sido rechazada por varios tribunales inferiores.
La vista oral del caso se ha producido con un testigo excepcional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido este miércoles a la audiencia del Supremo para escuchar los alegatos de las partes en el proceso de ciudadanía por derecho de nacimiento, un caso que puede redefinir quién es considerado ciudadano estadounidense y amenaza con cambiar la esencia misma de la nación.
El mandatario permaneció en la tribuna del tribunal hasta que terminó el alegato del procurador general, John Sauer. Tuvo suficiente al comprobar que el caso se le ponía cuesta arriba y se marchó cuando comenzó el turno de los demandantes. Poco después expresó su descontento en redes sociales: “Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir el derecho de ciudadanía por nacimiento”.
La asistencia de Trump es un hecho sin precedentes en la historia democrática de Estados Unidos. Nunca hasta ahora un presidente había acudido a una vista oral, en una decisión que se interpreta como un intento de influir en la independencia de los jueces. La Sociedad Histórica del Tribunal Supremo no tiene constancia de que un presidente haya asistido alguna vez a una vista oral, según la cadena CNN.
La relación del presidente republicano con la justicia es ambigua. El Supremo, con una supermayoría conservadora, ha tendido a favorecer a Trump en los múltiples casos que afectan a sus decisiones desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. Pero el pasado febrero se pronunció sobre los aranceles con los que Trump levantó un muro comercial. El tribunal los consideró ilegales por basarse en la ley de poderes de emergencia prevista para otros supuestos y subrayó que este tipo de medidas debe pasar por el filtro del Congreso.
Desde entonces, el presidente ha mostrado desconfianza hacia los magistrados conservadores que votaron en contra de los aranceles. Los llamó “imbéciles” y “perros falderos de los republicanos moderados y de la izquierda radical”. El martes sugirió que los jueces del Supremo que fueron nombrados por los republicanos son “estúpidos” y “desleales”.
Durante la firma de la orden para limitar el voto por correo este martes, aseguró ante los medios de comunicación que, mientras que los magistrados designados por los demócratas votan persistentemente en su contra, los que él elige no siempre le apoyan. “Los republicanos tienden a ser muy diferentes. Quieren demostrar lo honorables que son; por eso, alguien puede nombrarlos para el cargo y, aun así, ellos fallan en su contra”, dijo, evidenciando el preocupante concepto que tiene de la justicia.
Más allá de la presión de Trump sobre los jueces, el Supremo analiza un caso que busca reinterpretar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
