Por Tony Pichardo, periodista
SANTO DOMINGO.-Durante décadas, San José de Ocoa ha sido el orgullo agrícola de la República Dominicana. Sus montañas, envueltas en neblina, son sinónimo de tecnificación y resiliencia; una geografía donde los invernaderos desafían la gravedad para producir ajíes, tomates, pepinos y fresas que abastecen tanto el mercado nacional como los exigentes mostradores de exportación.
Con los años y mucho trabajo, Ocoa se ganó el título de capital de la agricultura protegida. Sin embargo, un giro silencioso ha comenzado a disputarle los titulares a los vegetales. En las últimas semanas, algunos de los densos bosques montañosos de la provincia no han sido noticia por sus cosechas tradicionales, sino por el desmantelamiento consecutivo de miles de plantaciones de marihuana. La última de ellas, detectada este 9 de julio en la escarpada comunidad de Los Limoncillos, es apenas la punta del iceberg de una preocupante saga: semanas antes las autoridades erradicaron un cultivo de más de 3,000 plantas, seguido por otro de 15,000, catalogado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el mayor hallazgo de este tipo en la historia del país.
Este fenómeno, que ya trasciende la crónica policial, obliga a una profunda reflexión socioeconómica. Las operaciones conjuntas de la DNCD y el Ministerio Público, que han requerido el despliegue de helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y días de rastreo terrestre, han dejado al descubierto algo más que plantas ilegales: han desenterrado la vulnerabilidad del campo dominicano.
Lo hallado, no muestran el trabajo de un campesino improvisado; al contrario, han explicado las autoridades, que exhiben viveros de alta tecnología, sistemas de germinación especializados, mallas de sombra para burlar el ojo satelital, sofisticados esquemas de riego por goteo y áreas de secado industrial. Hay inversión, planificación y, sobre todo, un aprovechamiento del vasto conocimiento agrícola de la zona.
La pregunta incómoda que el Estado debe responder es por qué una región diseñada para alimentar al país se está volviendo atractiva para el narcotráfico. La respuesta habita en la silenciosa crisis que asfixia al productor tradicional. De acuerdo con los diagnósticos de la Asociación de Productores de Invernaderos de San José de Ocoa (APROINCO) y los reportes de coyuntura del Ministerio de Agricultura, los agricultores locales han visto cómo la ecuación matemática de la tierra se rompe debido a que los fertilizantes, las semillas certificadas, el combustible y la energía para el riego han subido de forma desproporcionada, mientras que los precios que reciben por sus cosechas legítimas siguen estancados. El fantasma histórico de la intermediación absorbe el sudor del campo; el productor vende barato y el consumidor urbano compra caro, dejando el margen de ganancia en manos de las cadenas de distribución.
Cuando producir alimentos deja de ser un negocio rentable para el pequeño y mediano agricultor, el suelo se vuelve fértil para una economía ilícitas como la marihuana.
Desde la perspectiva de la economía criminal, avalada por los análisis de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD, las montañas de Ocoa ofrecen una ventaja insuperable. Un cultivo ilegal concentra un valor comercial astronómico en superficies geográficas reducidas. Mientras un productor de tomates necesita camiones pesados para movilizar toneladas de mercancía perecedera sujeta a los caprichos del mercado, las redes del narcotráfico minimizan la logística de transporte y multiplican los ingresos utilizando apenas una fracción del terreno. Su geografía sinuosa y de difícil acceso, que antes protegía el agua y los microclimas de la provincia, funciona hoy como el camuflaje perfecto para estas estructuras clandestinas que la DNCD y el Ministerio Público investigan para determinar si corresponden a una sola red criminal organizada.
El debate tampoco debe entramparse en la xenofobia o el reduccionismo laboral. Si bien los arrestos más recientes de la fiscalía local incluyen a ciudadanos haitianos y dominicanos encargados del cuido de las plantaciones, los informes globales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre cultivos ilícitos demuestran que los jornaleros son el eslabón más débil y prescindible de la cadena. Ellos de ninguna manera ven los millones que genera el negocio. La investigación real —la que las agencias de inteligencia penal están obligadas a profundizar, debe apuntar hacia arriba: quiénes financian la costosa tecnología agrícola incautada, quiénes compran los insumos y quiénes controlan los canales de distribución en los centros urbanos.
El caso de San José de Ocoa es una severa advertencia para las políticas públicas del Estado dominicano. Si la respuesta institucional se limita al despliegue militar, a la quema de arbustos y a la exhibición de detenidos, la estrategia será un fracaso a largo plazo.
Cuando el crimen organizado logra mezclarse con la identidad económica de un pueblo, el problema deja de ser meramente policial para convertirse en un desafío agrícola, económico y social. Combatir este mal requiere rescatar la rentabilidad de la agricultura lícita, garantizar el acceso al crédito digno y romper los monopolios de comercialización que despojan al campesino dominicano de su sustento.
Solo devolviéndole el valor al trabajo honesto se podrá evitar que las productivas montañas de Ocoa cambien definitivamente el verde de sus alimentos por el verde de la ilegalidad.
