El País
Los acuerdos de Barbados están en una cuerda floja. Los movimientos que ha hecho el chavismo durante los últimos meses parecen dejar solo en papel la carta de buenas intenciones que firmaron la delegación de la Plataforma Unitaria y la del Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 16 de octubre, seis días antes de las primarias opositoras que colocaron a María Corina Machado, inhabilitada por el Gobierno, como la elegida para competir contra el chavismo en las presidenciales de 2024.
Maduro ha hecho una huida hacia adelante con el referéndum sobre el Esequibo, territorio que se disputa con Guyana. En la maniobra ha cruzado varias líneas rojas puestas en los compromisos adquiridos con la oposición, considerados por la comunidad internacional y las partes involucradas como un gran avance hacia la concreción de garantías democráticas para unas elecciones justas.
Una de ellas ha sido la persecución judicial contra el equipo de Machado y dirigentes de su entorno, que ya ha dejado una aprehensión, la de Roberto Abdul, directivo de Súmate, organización en la que la política dio sus primeros pasos en el activismo por los derechos políticos de los venezolanos y también integrante de la Comisión Nacional de Primarias. La defensa de Abdul ha denunciado que 24 horas después de haber sido detenido por el Sebin (servicio de inteligencia) desconocen su sitio de reclusión.
Se han girado órdenes de captura contra los más cercanos colaboradores de Machado, como Pedro Urruchurtu, politólogo, y la periodista Claudia Macero, jóvenes activistas y principiantes en la política que ya tienen tras ellos a los servicios de inteligencia del chavismo; y contra Henry Alviárez, coordinador nacional de su partido, Vente Venezuela. También se ha puesto en la mira a Yon Goicochea, expreso político, y a David Smolansky, en el exilio desde 2017 y sobre quien ya se han girado tres órdenes de aprehensión durante los años de Maduro. Ambos fueron dirigentes estudiantiles, de la generación de Juan Guaidó, que ahora están apoyando a Machado. Se les involucra en una supuesta conspiración pagada por Exxon Mobil, la petrolera que opera en las aguas sin delimitar bajo concesiones dadas por Guyana de forma unilateral, para boicotear el referéndum organizado por el Gobierno venezolano sobre la región selvática en disputa el pasado domingo.
En la lista también han figurado los que se han vuelto los sospechosos habituales de decenas de conspiraciones denunciadas por el chavismo, un grupo de dirigentes en el exilio de Voluntad Popular como Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio, y de Primero Justicia, como Julio Borges, partidos que cuando estuvieron al frente de la estrategia opositora también fueron acorralados por encarcelamientos, la judicialización de sus organizaciones y finalmente el exilio. El chavismo repite su guion represivo, pero en otras circunstancias.
Acuerdos frágiles
Al menos tres puntos del acuerdo de Barbados entre el chavismo y la oposición se han perdido de vista las últimas semanas de mano dura; el respeto a los mecanismos de selección de los candidatos de cada sector, el acceso a los medios de todos los candidatos y la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo. Se ha ido de menos a más. Inmediatamente después de las primarias opositoras en las que con todos los obstáculos se logró movilizar a más de dos millones de personas, el Gobierno abrió investigaciones contra los organizadores y los citó a declarar en la Fiscalía. Esta semana, el jefe de la delegación chavista y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha llamado “casta maldita” a la oposición y ahora la policía está buscando a miembros del equipo de Machado.
A la firma de los acuerdos de Barbados siguió un levantamiento parcial de las sanciones petroleras contra Venezuela que significarán al menos por seis meses, en principio hasta abril, una mejora en el flujo de ingresos del Gobierno, al no tener que vender el crudo con descuentos. La distensión también ha levantado el interés de un puñado de petroleras de todo el mundo que han iniciado conversaciones sobre inversiones en el país. Maduro se dio por servido con este otorgamiento de licencias, pero Estados Unidos dio un ultimátum para que presentara un procedimiento para la habilitación de candidatos, que se logró en las últimas horas del plazo dado del 30 de noviembre pasado.
El mecanismo presentado por los facilitadores de Noruega impone otro plazo que vence en una semana para que los dirigentes inhabilitados introduzcan un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para que este revise sus casos. Machado ha dicho que, por ahora, no acudirá. “Los eventos de estas últimas horas son realmente muy graves”, dijo la candidata en relación con la detención Abdul y la persecución de sus colaboradores.
Machado habló este jueves en una audiencia de la subcomisión del Parlamento Europeo encargada de las relaciones con los países del Mercosur y alertó de que el chavismo busca salirse de la vía electoral. “El pueblo de Venezuela rompió con el chavismo, pero además perdió el miedo y es el momento de avanzar, ir derrotando todos los obstáculos. Si ellos quieren salirse de la ruta electoral, pues nosotros seguimos en ella”. La Administración de Biden ha reiterado su exigencia de la liberación de los presos políticos, en particular los de nacionalidad estadounidense.
“Este acuerdo ha estado en riesgo desde que nació, porque es probable que el Gobierno de Maduro lo aproveche para recibir fondos, pero nada garantiza que no se echen para atrás las sanciones y volvamos a la situación de antes”, señala Mariano De Alba, asesor sénior de Crisis Group. “Lo que hemos visto en las últimas horas, de alguna manera, va en contra del espíritu del acuerdo. Las expectativas que había del lado estadounidense tampoco se han cumplido”.
El Gobierno, sostiene el abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, está en serios problemas en el terreno electoral. Maduro intentó en el referéndum del pasado domingo sobre el Esequibo medir su capacidad de movilización de cara a unas elecciones, algo que no se percibió en las calles pese a que las autoridades electorales aseguraron que votaron 10,4 millones de venezolanos. “Una de las razones era testear su capacidad electoral y no funcionó con la fuerza que esperaban en un tema que en teoría congregaría a todo el mundo. Ahora está desplegando una estrategia para tentar a que el sector de la oposición que aglutina Machado, dadas las condiciones, opte por decir que van a abandonar la ruta electoral y pedir más presión internacional”. Un movimiento que también tiene impacto para el presidente de EE UU, Joe Biden, a quien senadores y congresistas seguramente pedirán una reimposición de sanciones si no hay mejoras sustanciales en las garantías democráticas.
Pese a las estridencias de los últimos días en el conflicto con Guyana —que aprovecha la circunstancia para aumentar su cooperación militar con Estados Unidos—, De Alba señala que tanto Estados Unidos como el Reino Unido y Brasil, aliados de Guyana, están moviéndose para intentar rebajar las tensiones y volver a las negociaciones por la vía diplomática en una región que tiene muchos años sin un conflicto entre Estados y en una circunstancia global copada por las guerras en Ucrania y Gaza.
Ya ha habido llamadas entre los cancilleres de Venezuela y Guyana y entre el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el presidente guyanés, Mohamed Irfaan Alí. Este viernes habrá una reunión de consultas informales en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que las partes presentarán sus posiciones en la disputa internacional. Para Venezuela, sin embargo, el frente está adentro de sus fronteras.
