Leonel propone acabar con las trabas que frenan el desarrollo inmobiliario: “Tenemos que poner este país en orden”

Cobertura.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó la necesidad de poner fin a las trabas burocráticas que frenan el desarrollo inmobiliario y turístico del país, al denunciar que unos 20 mil millones de dólares en proyectos de inversión permanecen paralizados desde hace cinco años por la falta de permisos de construcción.

Durante un encuentro con representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia, Fernández sostuvo que la construcción constituye uno de los principales motores de la economía dominicana, pero que las demoras en la aprobación de proyectos están afectando las inversiones, la generación de empleos y el crecimiento económico, especialmente en zonas de gran desarrollo turístico como Punta Cana.

“Yo me he reunido con algunos desarrolladores de proyectos para Punta Cana. 20 mil millones de dólares que están congelados desde hace cinco años porque no dan los permisos para construir. Eso es una infamia. Eso no debe ser. A la gente se le dice sí o no, pero no se espera cinco años para eso”, expresó.

El exmandatario vinculó esta situación con el desempeño negativo del sector construcción, que, según indicó, registró una contracción de 1.8 % el pasado año. Consideró que la falta de respuestas oportunas por parte de las instituciones públicas limita la capacidad del país para atraer capitales, desarrollar infraestructura y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico.

Para enfrentar esta problemática, Fernández propuso establecer una normativa que obligue a las instituciones responsables de otorgar permisos, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, a responder las solicitudes dentro de un plazo previamente establecido. Explicó que, una vez vencido ese período sin una decisión de las autoridades, podría aplicarse el principio del silencio administrativo positivo, de manera que la ausencia de respuesta equivalga a una autorización.

“La norma sería: le damos un plazo del tiempo que establezcamos, cuatro meses, cinco meses, un año. Pero si no ha habido una respuesta concreta por parte de la autoridad pública, entonces el silencio equivale a autorización”, planteó, al señalar que las controversias que pudieran surgir tendrían como instancia jurisdiccional al Tribunal Superior Administrativo.