Santo Domingo.- Además de los nombres sonoros de Jochi Gómez y Hugo Beras, en el expediente del caso Camaleón, otras cinco personas están arrestada y siendo sometidas a largos interrogatorios que realiza el Ministerio Público.
El documento de orden de arresto señala a Hugo Beras como el principal acusado de cometer los hechos cuando se desempeñaba como director del Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT).
La pieza presentada por los investigadores indican que Beras supuestamente desde la dirección del INTRANT autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Es definido como coautor y principal facilitador de la supuesta corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
Mientras que a Jochi Gómez se le sindica como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos, recibiendo la mayor cantidad los beneficios económicos del esquema corruptor, a través de su empresa AURIX.
El resto del grupo interrogado lo completan las siguientes personas:
Frank Rafael Atila Díaz, quien era el coordinador del despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del intrant. Habría participado activamente en la adjudicación de los contratos a favor de la empresa de JOCHI GOMEZ
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, era el jefe de tecnología del INTRANT y se le señala como el funcionario que facilitó el control del sistema a Transcore Latam , sin que esa empresa cumpliera con los requisitos legales y técnicos.
Pedro Vinicio Padovani Báez, fungió como encargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, renunció a ese cargo y pasó a trabajar con TRANSCOR LATAM, participando activamente en el fraude en la licitación, contribuyendo a los esquemas de lavado de activos.
Y finalmente Carlos Peguero Vargas. El expediente dice que Peguero Vargas fue responsable de movilizar fondos para beneficiar a TRANSCORE LATAM. Es un especialista en vigilancia y espionaje al servicio de Jochi Gómez. Trabajo en el desvió de fondos públicos y colaboró con la estructura financiera Ilícita.
Los contratos adjudicados de manera fraudulenta asciende mil 300 millones de pesos.
