Cobertura. La Unión Nacional de Empresarios (UNE) formuló este jueves un plan de cinco puntos para orientar la modificación de la Ley 42-08 y reclamó que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al empresariado formal antes de aprobar cualquier norma que impacte el mercado.
El planteamiento se produjo durante un encuentro empresarial celebrado en Cava Alta, en el que la entidad recibió a la licenciada María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.
El presidente de la UNE, licenciado Julio García, abrió el diálogo subrayando que la organización se identifica plenamente con los objetivos de ProCompetencia de promover y defender la competencia efectiva en beneficio de los consumidores, pero advirtió que esa defensa no puede ejercerse a costa de quien produce.
“Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó.
García situó a las micro, pequeñas y medianas empresas en el centro de la inquietud. Recordó que “toda gran empresa en algún momento fue una Mipyme” y rechazó los privilegios indebidos, la informalidad agresiva, las cargas impositivas desproporcionadas y los abusos de posición dominante. En la misma línea, vinculó la salud del mercado a la certeza jurídica, “sin seguridad jurídica, reglas previsibles y sin proporcionalidad regulatoria, no hay inversión sostenible”.
Entre los puntos que plantea a tomar en cuenta, García citó que la modificación de la Ley 42-08 proteja la libre competencia sin penalizar el crecimiento legítimo de la empresa dominicana, especialmente de las Mipymes; que toda actuación de la autoridad se base en criterios técnicos objetivos, públicos y revisables, y que se preserve la confidencialidad de la información empresarial, en particular en investigaciones, análisis de mercado y revisión de operaciones.
