Cobertura.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, reiteró este domingo la posición de esa organización a favor de una revisión profunda del proyecto de Código Penal, al considerar que varias de sus disposiciones contienen ambigüedades que podrían afectar la libertad de expresión, la seguridad jurídica y derechos fundamentales.
Pujols sostuvo que el PLD ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de que el Congreso estudie con detenimiento las observaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil, juristas y distintos sectores nacionales antes de la aprobación definitiva de la pieza legislativa.
Entre los artículos que considera más preocupantes citó el 310, relativo al delito de ultraje; el 141; y el 173, sobre discriminación y trato vejatorio, al entender que la forma en que están redactados deja margen para interpretaciones que podrían traducirse en aplicaciones arbitrarias.
“Hay muchas ambigüedades en los términos que hacen que uno no tenga confianza o seguridad de cómo se va a terminar aplicando eso y cómo eso va a afectar la seguridad jurídica de nuestras empresas”, afirmó.
El dirigente peledeísta también expresó preocupación por la tipificación de la denominada “difamación extorsiva”, al señalar que la expresión “beneficio de cualquier naturaleza” resulta excesivamente amplia y podría prestarse a interpretaciones que limiten el ejercicio del periodismo, la comunicación y la actividad política.
“Todos estamos en contra de que alguien utilice un medio de comunicación para extorsionar a otra persona, pero cuando se habla de beneficio de cualquier naturaleza surgen muchas interrogantes. ¿Se podría considerar que un comunicador incurre en difamación extorsiva porque obtiene audiencia o más visualizaciones? ¿O que un político busca un beneficio porque gana respaldo ciudadano o votos?”, cuestionó.
Pujols insistió en que el problema no radica en sancionar la extorsión, sino en la falta de precisión de algunos conceptos contenidos en el proyecto. “Hay peligros en la ambigüedad con la que se tratan muchos aspectos del Código Penal”, advirtió, al considerar que esa situación representa un riesgo para las libertades públicas, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la ley.
De su lado, la dirigente del PLD y exsenadora Cristina Lizardo consideró que el proyecto debió ser objeto de un análisis más amplio y participativo, debido al impacto que tendría sobre derechos fundamentales y la seguridad jurídica. Afirmó que una reforma de esa naturaleza requiere consenso, tiempo suficiente para su estudio y la participación de todos los sectores involucrados, mediante los mecanismos de vistas públicas previstos en el reglamento del Congreso Nacional.
